¿Quiénes somos?
El Centro de Estudios en Migración (CEM) nace para responder a los desafíos que plantea la gobernanza del fenómeno migratorio que está ocurriendo hoy en Colombia y en la región latinoamericana. Debido a la complejidad, volatilidad y crecimiento sostenido de la migración, tanto las autoridades como los actores relevantes requieren de insumos que les permitan tomar decisiones de cara a la gestión migratoria y al diseño e implementación de una política pública sostenible a mediano y largo plazo y con enfoque de derechos. Así, es claro que la Universidad de los Andes necesita estar presente en el debate y en la toma de decisiones en la cuestión migratoria. El CEM hace posible esa intervención, a través de sus actividades de investigación, educación y estrategias de incidencia.
El CEM se estructura alrededor de tres componentes: 1) Educación, 2) Incidencia, 3) Investigación.
Cada uno de estos componentes se complementa y están directamente conectados entre ellos, ya que permiten emplear las áreas de mayor experiencia de la Facultad de Derecho, para así lograr la continuidad de la iniciativa.
El Centro da continuidad a iniciativas estudiantiles y profesorales desarrolladas en la Facultad de Derecho, relacionadas con el fenómeno migratorio. En particular, el CEM construye sobre los esfuerzos del Consultorio Jurídico en dar atención legal efectiva a migrantes venezolanos en Colombia, y en el trabajo del Semillero de Investigación en Derecho y Migración en Colombia conformado en 2018 al interior de la Facultad, por iniciativa profesoral y estudiantil.
En este informe se analizaron las medidas adoptadas por el Estado colombiano para atender las necesidades en salud y educación de la población migrante proveniente de Venezuela. De igual manera, se pusieron de relieve los múltiples aspectos problemáticos de dichas decisiones y los vacíos que aún persisten en la protección de los derechos a la salud y a la educación de la población migrante.
El informe deconstruye los elementos que componen el ETPV y el contexto en el cual se adoptó la medida. En particular, explica cómo tanto en el Decreto 216 del 2021 como en la Resolución 971 del 2021 existen barreras insuperables para la población migrante y refugiada venezolana que dificultan el acceso a la protección temporal que contempla el Estatuto.